Editorial: Dos hipótesis sobre los dictámenes para licencia

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De conformidad con la normativa elaborada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, dichas pruebas de aptitud psicofísica tienen por objeto dejar constancia de que no existe una enfermedad o deficiencia que pueda suponer incapacidad para conducir, tales como la capacidad visual y auditiva; afectaciones en el sistema locomotor, cardiovascular, renal, respiratorio, nervioso o muscular; trastornos hematológicos, de conducta, y aquellos relacionados con la adicción a drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas; enfermedades metabólicas o endocrinas; problemas en las aptitudes perceptivo-motoras, o cualquier otra afección que pueda suponer una incapacidad para conducir o comprometer la seguridad vial.

Un artículo reciente de este medio revela que la elaboración de estos dictámenes le cuesta a la población un monto cercano a los ¢11.000 millones anuales. Pero lo inaudito es que una gran cantidad de esos dictámenes –por no decir que la mayoría– se realizan sin que el médico tenga ningún contacto físico ni realice una consulta virtual con la persona evaluada. Actualmente, dadas las múltiples opciones tecnológicas, los dictámenes se ofrecen en redes sociales o mediante aplicaciones como WhatsApp para ser entregados unos cuantos minutos después, pero, en el pasado, igualmente eran elaborados en papel por médicos autorizados sin que estos nunca examinaran al paciente. Es decir, se trata de un negocio en donde los conductores trasladan a los profesionales en Medicina una nada despreciable suma de dinero a cambio de lo que antes era un simple papel y ahora, un documento digital cualquiera.

Lo anterior nos lleva a dos posibles hipótesis. Por un lado, que se trata de un examen absolutamente innecesario, que no agrega ningún valor pese a su costo (de entre ¢15.000 y ¢22.000 por cada dictamen) y que existe únicamente para llenar los bolsillos de algunos profesionales en Medicina, en cuyo caso dicha carga debería derogarse de inmediato, por constituirse en un enriquecimiento sin causa amparado en una ley que perdería legitimidad. La segunda es que, aunque se trate de una prueba idónea e indispensable para garantizar la seguridad vial de la población, el sistema se ha corrompido tanto que, para el gremio y las autoridades, resulta indiferente poner en peligro las vidas de conductores y peatones al permitir que personas no aptas para manejar obtengan su licencia.

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Si es esto último, lo procedente es revisar la validez del régimen vigente, así como los mecanismos de fiscalización existentes. Como dato relevante, es menester señalar que otras jurisdicciones exigen el dictamen médico únicamente cuando se trata de obtener una licencia de conducir de carácter comercial o profesional, en cuyo caso el examen se hace incluso periódicamente; en algunas otras, ese dictamen se limita a un examen de la vista o solo se exige cuando se obtiene la licencia por primera vez, si el chofer presenta condiciones de salud especiales, o a partir de cierta edad.

En todo caso, si la decisión fuese mantener el requisito de forma generalizada, la revisión no debería desembocar en cuellos de botella o atrasos adicionales en detrimento de los conductores, ni en descartar las ventajas que ofrecen los avances de la tecnología, sino en establecer medidas de control efectivas y sanciones disciplinarias y penales suficientemente graves para el gremio médico, de manera que no haya incentivo alguno para continuar con esta malsana práctica. Es una ocasión propicia para introducir mayor sensatez en este trámite.

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